Política

Por: María Andrea Suárez • Colombia.com

Colombia aprueba ratificar Acuerdo de Escazú tras tres años de obstáculos

Los principales objetivos del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información ambiental y las garantías en el acceso a la justicia para los defensores ambientales. 

Colombia aprueba ratificar Acuerdo de Escazú. Foto: Senado
Colombia aprueba ratificar Acuerdo de Escazú. Foto: Senado

Los principales objetivos del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información ambiental y las garantías en el acceso a la justicia para los defensores ambientales. 

Tres años después de la firma del Acuerdo de Escazú, Colombia ratificó el gran pacto ambiental siendo el país número 14 entre los 24 que lo aprobaron. Con este hecho, el Congreso de la República por fin obedeció la solicitud que el expresidente Iván Duque realizó en reiteradas oportunidades y que se efectuó en el mandato de Gustavo Petro. 

La aprobación se dio este lunes después de tres meses de que asumiera la nueva bancada legislativa y cuatro debates en el Congreso. En la plenaria de este lunes, los militantes del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto, minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. 

Cabe recordar que el pasado 22 de agosto, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú. 

Aunque su ratificación se realizó este lunes, lo cierto es que la Corte Constitución realizará un examen para determinar si el Acuerdo es acorde a los mandatos de la constitución. Dependiendo de la decisión del alto tribunal, entraría en vigor. 

El Acuerdo de Escazú tiene tres principales propósitos: el acceso a la información ambiental, la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

¿Cómo se implementaría? 

La implementación del Acuerdo de Escazú depende de las políticas y conflictos ambientales de cada país, así como su jurisprudencia y su aparato institucional, según afirma Manuel Pérez Martínez, director del departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. 

Juan Pablo Sierra, codirector de la ONG juvenil PactoXElClima, explicó que, para poner en marcha el pacto, se tienen previstas unas mesas de diálogo para construir la implementación junto a las comunidades, sociedad civil y la academia. 

De acuerdo con el funcionario, cuyas declaraciones fueron recogidas por El Espectador, se busca determinar cómo “se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación”. Dichas mesas de diálogo se realizarán descentralizadas para que “no se queden en paneles académicos”. 

La Alianza por el Acuerdo de Escazú ha formulado dos líneas para su implementación. En primer lugar, sería reglamentarlo por sectores y actividades productivas, mientras que la otra opción sería hacerlo de acuerdo a líneas temáticas como agua, cambio climático y bosques. 

Hasta la fecha, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile y Colombia.

Sin embargo, aquellos que solamente han firmado el pacto son Belice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana, mientras que los países que no se han sumado al programa son Bahamas, Barbados, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.