Álvaro Uribe: los detalles de la corrección del Tribunal de Bogotá a Sandra Heredia

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria que pesaba contra Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, tras cuestionar los fundamentos de la jueza de primera instancia Sandra Heredia. El expresidente de 73 años esperará ahora el fallo de segunda instancia luego de la apelación interpuesta por su defensa contra la condena de 12 años por fraude procesal y soborno a testigos.

La detención domiciliaria había sido decretada por Sandra Heredia el 1° de agosto, en un fallo histórico, al tratarse del primer expresidente condenado en Colombia. La jueza argumentó que la medida era necesaria para que “la ciudadanía confíe en las instituciones”, garantizar la seguridad del condenado y prevenir riesgos de fuga.

Sin embargo, el Tribunal de Bogotá consideró que los criterios utilizados por Sandra Heredia eran “vagos, indeterminados e imprecisos” y que la decisión se basó en percepciones subjetivas sobre la peligrosidad de Uribe. Según el alto tribunal, la jueza aplicó conceptos como el reconocimiento público del exmandatario para justificar la detención, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad.

En su fallo, el Tribunal de Bogotá explicó:

“La falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal, de modo que el sujeto solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo”.

¿Álvaro Uribe podría fugarse de Colombia?

El alto tribunal también cuestionó la supuesta existencia de riesgo de fuga, indicando que no se presentaron pruebas de que Álvaro Uribe hubiera buscado abandonar el país o realizar trámites de asilo, ni que existiera riesgo de manipulación de pruebas. Además, señaló que no se consideraron circunstancias favorables como su comparecencia voluntaria y la ausencia de antecedentes penales.

La defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados y Jaime Lombana, celebró la decisión y había argumentado previamente ante el Tribunal de Bogotá que se habían vulnerado los derechos a la libertad, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. Según el documento judicial:

Uribe “expresó su inconformidad con la decisión, en cuanto que el numeral 4° dispuso librar la boleta de encarcelación y el traslado inmediato a su domicilio (...) Cuestionó la orden de privarlo de la libertad sin que el fallo quedara en firme, porque se interpuso el recurso de apelación que se encuentra en trámite”.

El expresidente, quien permanecía recluido en su casa de la vereda El Tablazo en Rionegro (Antioquia), afirmó que dedicará sus días libres a “luchar por la libertad de Colombia”.

Mientras tanto, el segundo round de esta batalla judicial se definirá en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde se resolverá la apelación contra la condena que sigue en firme: 12 años de prisión domiciliaria, inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos.