Colombia.com Bogotá Martes, 17 / Abr / 2018

Procuraduría abre investigación por escándalo de corrupción en las FF.MM. 

El Ministerio Público ordenó que se suspenda por 30 días los giros a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta.

Procuraduría abre investigación por escándalo de corrupción en las FF.MM. 
Foto. @PGN_COL

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de su jefe, Fernando Carrillo, pidió este lunes al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos para labores de inteligencia a las Fuerzas Armadas y asumirán todas las investigaciones disciplinarias alrededor del escándalo de corrupción en el Comando General.

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Carrillo le solicitó al Ministerio suspender el pago por 30 días, con el propósito de adoptar "medidas de control adicionales, previas y suficientes" para garantizar el correcto manejo de los recursos.

“La Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de doce (12) miembros de las Fuerzas Armadas, 7 oficiales y 5 suboficiales”, dijo.

Así mismo, requirió al Comandante General de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, designar un oficial "del más alto nivel" para "preservar los medios probatorios que requiera la investigación", detalló la Procuraduría en un comunicado.

Las solicitudes se realizaron como parte de una investigación abierta el pasado 11 de diciembre por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia.

Sumado a esto, la investigación publicada este domingo por la revista Semana en la que detalla la forma en la que al menos doce militares cobraban dinero a la entidad por fuentes de información falsa.

Entre los involucrados se encuentra el general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien fue comandante de las Fuerzas Militares hasta 2016 y que actualmente se desempeña como embajador de Colombia en Corea del Sur.

Al parecer, algunos militares, entre los que se encuentran oficiales y suboficiales, inventaban fuentes de información a las que les pagaban en ocasiones entre 10 y 15 millones de pesos.

Luego de cotejar la información entregada por los militares, se halló que los nombres de las supuestas fuentes pertenecían a ciudadanos venezolanos a quienes se les cancelba 20.000 pesos por colocar su huella dactilar y firmar documentos en blanco.

Con esta modalidad, los militares recogían hasta 500 millones de pesos mensuales y lograron un total de 20.000 millones en los últimos cuatro años, periodo en el que aparentemente actuó la red de corrupción.

Por otra parte, los investigados fundaron un fondo de ahorro con dineros de la entidad para pagar abogados que defendieran a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, propiedades y viajes.

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