Defensoría propone trabajo comunitario como una pena alternativa a la cárcel

Una serie de propuestas para enfrentar la problemática en las prisiones del país planteó la Defensoría del Pueblo en el marco del foro ‘Perspectivas sobre la crisis penitenciaria y carcelaria: retos y soluciones’. En el evento también participó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Carlos Camargo, el defensor del Pueblo indicó que, ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, “es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad”. 

Camargo manifestó la necesidad de brindar una oportunidad al infractor de la ley de “retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, es decir, que las prisiones sean realmente un lugar de rehabilitación para las personas que purgan condenas en estos lugares. 

El funcionario indicó que el principal objetivo sería tener un sistema judicial más útil y provechoso tanto para el infractor como para la sociedad. “Es necesaria una política criminal seria y coherente, que dirija sus esfuerzos en considerar al derecho penal como último recurso”, comentó. 

El defensor de Pueblo indicó que esto permitiría que la solución de los conflictos provenga de políticas sociales. “Debemos pensar, por ejemplo, en penas relacionadas con trabajo comunitario que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas”, dijo. 

Por su parte, el ministro de Justicia reconoció que existe la urgencia de construir una política penal y penitenciaria que permita profundizar y mejorar el sistema. “Debemos pensar en las víctimas, en la reparación a las víctimas del delito, y pensar también en los derechos humanos de las personas privadas de libertad, o que han sido enjuiciadas o condenadas”, señaló Osuna. 

En cuanto a la reincidencia criminal, el ministro detalló que la “mejor receta” para evitar que las personas vuelvan a cometer delitos es asegurar una oportunidad laboral para todos los prisioneros una vez y salgan del centro penitenciario. 

En ese sentido, Osuna resaltó que el Gobierno nacional tiene contemplado brindar formación técnica en los centros penitenciarios con apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), idea que fue aplaudida por Camargo. 

De hecho, el defensor del Pueblo hizo un llamado al gremio empresarial para la creación de oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad y así impulsar el desarrollo y economía de Colombia. 

Un ejemplo de este tipo de iniciativas es la actriz Johana Bahamón, quien asistió al evento y dirige la Fundación Acción Interna, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en el país. 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para agosto de 2022 el hacinamiento en los centros de detención transitoria en Colombia llegó al 177% con una sobrepoblación total de 14.176 personas. Respecto a los establecimientos de reclusión de orden nacional, esta problemática llegó al 20 % con 16.297 reclusos.

“Las cifras de hacinamiento no solo reflejan una ausencia de espacio vital, sino que representan verdaderas condiciones de indignidad humana”, concluyó Camargo, quien insistió en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a las cárceles en centros para la resocialización.