Se le acabó el beneficio: Emilio Tapia vuelve a la cárcel por corrupción

La justicia colombiana ordenó revocar la libertad condicional de Emilio José Tapia Aldana, empresario ampliamente conocido por su participación en diversos escándalos de corrupción, y dispuso su regreso a prisión.

El Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá informó el 10 de octubre de 2025 que emitió una orden de captura contra Emilio Tapia, luego de determinar que debía continuar cumpliendo su condena tras haberse beneficiado durante varios meses de una medida de excarcelación.

El documento judicial señala de manera explícita: “REVOCAR la decisión proferida el 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que resolvió conceder la libertad condicional a EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA.”

Asimismo, se ordena su captura inmediata a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, para que el condenado “continúe con el tratamiento penitenciario” en el establecimiento que disponga el Inpec. El despacho aclaró que Emilio Tapia quedará a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla y que la decisión es de segunda instancia, por lo que no admite recurso alguno.

Historial de Emilio Tapia

Tapia es requerido por los delitos de cohecho propio, interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir. De acuerdo con el medio de Noticias Caracol, el empresario ya había sido condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá y por los contratos del Ministerio TIC, que buscaban garantizar la conexión a internet en distintas regiones del país.

Los casos por los que fue condenado

El nombre de Emilio Tapia volvió al centro del debate público por el escándalo de Centros Poblados, en el que se comprometieron 70.000 millones de pesos destinados a llevar conectividad a zonas rurales. Según la investigación, Tapia presentó garantías bancarias falsas a través de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que le permitió recibir un millonario anticipo para la expansión de infraestructura tecnológica en regiones apartadas. Sin embargo, el dinero nunca se destinó al proyecto y las comunidades quedaron sin acceso a internet.

El caso, que fue revelado en 2021, provocó la suspensión del programa del Ministerio TIC y evidenció graves fallas en los mecanismos de contratación y control del Estado. El impacto social fue considerable: cientos de escuelas rurales y poblaciones vulnerables se quedaron sin la posibilidad de conectarse a la red.