Casa Blanca invita a bufetes de abogados a tomar casos de asilo pro bono de indocumentados

El afán de la administración de Joe Biden para dar soluciones prontas a los inmigrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos ha llevado a que se estén haciendo uso de herramientas de emergencia.

En los Estados Unidos existen cerca de 3,7 millones de casos de asilo sin resolver, esto de acuerdo con informaciones de las agencias federales recogidas en un estudio de la Universidad de Syracuse, y sus principales causas se deben a que no existe la capacidad en cuento al número de abogados para que puedan agilizar trámites y dar solución definitiva, es decir, que otorguen o no el estatus como asilados a dicha población.

La Casa Blanca ha hecho un llamado para que la comunidad legal de toda índole, es decir, abogados dedicados a causas diferentes a la inmigración, se comprometan a tomar casos de asilo que se encuentran represados a cambio de un bono económico entregado por el gobierno federal.

“La administración está anunciando un llamado a la acción para que los miembros de la comunidad legal, incluidos bufetes de abogados, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de defensa y otras partes interesadas se comprometan a brindar apoyo pro bono a aquellos que no están representados en los procedimientos de inmigración”, consignó la Casa Blanca en un comunicado.

Los estados de Florida, Texas, California, New York e Illinois son los que más casos de inmigrantes con estatus migratorio sin resolver ante petición de asilo tienen, esto ha generado que, en los últimos años, y ante el ingreso de más personas solicitando asilo, se presente un represamiento constante.

En un año fiscal se ha logrado la cifra récord de 500 mil casos completados, pero no es suficiente ante el atraso existente que puede seguir aumentando si no se vincula a los diferentes grupos de abogados del país.

La Asociación Americana de Abogados aseguró que permanentemente está alentando a su comunidad legal para que se involucren en los casos de inmigración que no pueden atender los tribunales de migración, y para ello destina recursos propios.