Corte Suprema de EE.UU. respalda medidas migratorias de Trump y revoca fallos previos

En un debate realizado la mañana de este lunes 8 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó las medidas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, a pesar de las fuertes críticas y de que varios tribunales inferiores las habían considerado violatoria de la Cuarta Enmienda. La decisión no incluyó una explicación oficial y contó con el rechazo de los tres magistrados.

El caso se centraba en varios operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes, armados y encapuchados, detuvieron en la ciudad de Los Ángeles a personas de apariencia latina, incluidos ciudadanos estadounidenses para interrogarlos sobre su estatus migratorio. Tribunales previos concluyeron que esas detenciones no cumplían con el requisito de “sospecha razonable” exigido por la ley estadounidense.

En julio, un tribunal de distrito ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender estas prácticas, ya que se basaban en factores como la apariencia física, el idioma o el lugar donde se encontrarán los individuos, por ejemplo, en una granja o en una parada de bus. Esa decisión fue respaldada en gran parte por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, aunque solo aplicaba a siete condados del estado de California.

La Corte Suprema, sin embargo, revocó la medida. En una opinión concurrente, el magistrado Brett Kavanaugh defendió que las circunstancias evaluadas por los agentes “pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”. Según él, lo relevante es que esta sospecha únicamente habilita a los agentes a realizar una breve detención para indagar sobre el estatus migratorio de la persona detenida.

Kavanaugh también abordó el tema desde un ángulo más amplio: “Reconozco que muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos escapando de la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Sin embargo, mientras las leyes aprobadas por el Congreso y el presidente sigan vigentes, su permanencia en el país es considerada ilegal”.

Por su parte, la magistrada Sonia Sotomayor presentó un documento de 20 páginas en el que criticó con dureza la decisión, al advertir que abre la puerta a arrestos basados en la apariencia o el empleo de las personas. “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a alguien solo porque parece latino, habla español o trabaja en un oficio mal pagado”, expresó Sotomayor.

Las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se unieron a Sotomayor que además, cuestionó a la Corte Suprema de resolver casos de alto perfil sin ofrecer explicaciones: “En los últimos ocho meses, este tribunal ha mostrado un creciente apetito por saltarse los procesos ordinarios de apelación e intervenir directamente en asuntos cruciales”.