Contrarios a Joe Biden creen que normas de Parole in Place tienen intereses políticos

Desde al pasado 19 de agosto las personas indocumentadas que son cónyuges de un ciudadano norteamericano podrán obtener la Green Card si logran comprobar que contrajeron matrimonio antes de junio de 2024 y que han residido en los últimos 10 años en los Estados Unidos.

Esta iniciativa del gobierno de Joe Biden tiene por objeto mejorar la situación migratoria en el país, pero los críticos de esta determinación no consideran que así sea, sino que, presuntamente esta lo que persigue es un interés de carácter político.

El partido republicano, opositor natural del gobierno demócrata de Joe Biden se encuentra entablando demandas en contra de la determinación conocida como Parole in Place, la cual mejorará el estatus migratorio de 500.000 migrantes irregulares y alrededor de 50.000 menores de edad.

16 estados con gobernadores republicanos han entablado demandas en contra de esta ley al considerar que los estados se ven obligados a soportar todo el peso de la inmigración ilegal, pero que, de manera especial, esta determinación gubernamental tiene por objeto atraer más votantes para el partido demócrata en las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

El tema migratorio ha sido el centro de la polémica de la campaña electoral que, desde el lado republicano, ha condenado la ´flexibilidad´ y laxitud de la aplicación de las normas migratorias por parte del presidente Joe Biden, a quien acusa el candidato y expresidente Donald Trump de ser cómplice del ingreso de numerosos delincuentes que protagonizan y fomentan el crimen en territorio estadounidense.

Los demandantes de la norma que permite a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses tramitar la Green Card, la cual es el primer paso a la ciudadanía, consideran que esta determinación oficial es una especie de amnistía con los migrantes ilegales.

Los estados de Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Ohio, Tennessee, Texas y Wyoming, consideran que el otorgamiento de Green Card a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses agrava el problema de la inmigración ilegal, la cual les ha causado grandes daños a sus comunidades.