Juez suspende política que beneficia a cónyuges indocumentados de ciudadanos de EE.UU.

Desde el pasado 19 de agosto los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses con más de 10 años de residencia en los Estados Unidos y con matrimonio legítimo efectuado antes de junio de 2024 podían iniciar los trámites para mejorar su estatus migratorio y obtener la residencia permanente, lo cual significa que pueden obtener la Green Card y posteriormente podrán solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos.

Esta decisión anunciada por el presidente Joe Biden el pasado mes de junio no cayó bien entre quienes se oponen a las ´facilidades´ que el mandatario ha otorgado a los migrantes, y en especial a sus opositores, los que conforman el partido Republicano y cuyo candidato en las elecciones presidenciales es el magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de que 16 estados con gobierno republicano demandarán esta determinación gubernamental, un juez federal del estado de Texas suspendió temporalmente la ley que otorga un mejoramiento del estatus migratorio de cónyuges indocumentados de ciudadanos de los Estados Unidos.

J. Campbell Barker, juez de distrito, dictó una suspensión administrativa de la sanción gubernamental después de analizar las demandas instauradas por los 16 estados que consideran que la ley de Joe Biden en favor de 500.000 indocumentados podría generar que muchos migrantes irregulares contraigan matrimonio con el fin de obtener estatus legal.

El gobierno estadounidense argumentó que la ley dictada evita que las parejas deban separarse y atentar contra la unidad familiar, pero los republicanos consideran que esto es una intención política con el fin de sumar votos en las elecciones presidenciales que se efectuarán en noviembre entre Kamala Harris, vicepresidenta de la nación y Donald Trump del partido que tiene como símbolo a un elefante.

Una de las voces que aplaudió la decisión judicial de poner freno temporal a la ley dictada por Joe Biden es la de Ken Paxton, fiscal de Texas y que se reconoce como uno de los principales contrarios a la política migratoria llevada a cabo en esta administración.