La alcaldesa de Washington D. C. demando al presidente Trump por enviar la Guardia Nacional

La presencia de la Guardia Nacional sigue generando tensiones en Washington D. C. La capital, bajo la administración de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, demandó el pasado jueves 4 de septiembre a la administración de Donald Trump por el despliegue de la Guardia Nacional.

La acción judicial fue presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, quien pidió a la Corte de Distrito que declare inconstitucional e ilegal la decisión del presidente. La demanda señala directamente a Donald Trump y a sus secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Justicia, Pam Bondi.

Schwalb enfatizó que el despliegue se realizó “sin el consentimiento expreso de la alcaldesa” y cuestionó además que las tropas patrullen armadas. En el documento afirmó que el presidente Trump “pasó por alto un principio fundamental de la democracia estadounidense: que las fuerzas militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley dentro del territorio nacional”. El fiscal del Distrito de Columbia fue más allá al asegurar que “la ocupación militar forzada del Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades básicas. Esto debe terminar”.

El pasado 11 de agosto, el presidente Donald Trump asumió el control de la seguridad de Washington D. C., por un periodo de 30 días, amparándose en una ley que permite intervenir a la autoridad local en casos de “emergencia”. Con esta medida ordenó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional, con la promesa de “limpiar” la ciudad de la delincuencia.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson calificó la demanda como “otro intento de socavar las operaciones altamente exitosas del presidente para detener el crimen violento en la ciudad”, y defendió que Trump actuó dentro de la legalidad y en defensa de los intereses federales.

Un precedente en California

El fiscal Schwalb advirtió que lo que hoy ocurre en Washington D. C. “mañana podría ser cualquier otra ciudad”. Recordó que en junio pasado  Donald Trump puso bajo control federal a la Guardia Nacional de California y desplegó un operativo en Los Ángeles para contener protestas contra su política migratoria, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom.

En los ultimos días, un juez federal dictaminó que el despliegue fue ilegal por violar la ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas estadounidenses cumplir funciones policiales en territorio nacional. Schwalb retomó este argumento al presentar su demanda: “Los soldados armados no deberían vigilar a ciudadanos estadounidenses en suelo norteamericano”.

El presidente Donald Trump en los ultimos días ha afirmado que contempla nuevas intervenciones. Ciudades como Chicago, Baltimore y Nueva Orleans que son gobernadas por demócratas figuran entre las que podrían recibir esta medida.