Migrantes en Estados Unidos enfrentan crisis de vivienda por políticas migratorias de Donald Trump

Diana, una migrante mexicana, cuenta los momentos de angustia e incertidumbre que vive a diario desde que un oficial de inmigración deportó a su esposo, quien era la principal fuente de ingresos del hogar. Desde entonces, ella y sus hijas enfrentan la dura realidad de no poder pagar el arriendo cada mes en Estados Unidos.

“Él es el pilar de la familia (...) era el único que trabajaba”, dice esta mujer indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. “Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas”. Diana, de 39 años, se suma al grupo de personas en situación precaria que luchan por no terminar en las calles del condado de Los Ángeles, una zona con precios de vivienda muy elevados y el segundo mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos, después de Nueva York.

Su vivienda, de apenas 65 metros cuadrados, ubicada en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, tiene un costo de arriendo de 2.050 dólares mensuales. Para cubrir sus necesidades básicas, Diana consiguió un trabajo en una fábrica, donde gana el salario mínimo, insuficiente para asumir todas sus obligaciones.  “Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas”, dice, señalando a sus hijas de seis y siete años, que necesitan útiles escolares para el nuevo año. “Son muchos gastos”, agrega con un tono de angustia.

Cabe mencionar que, en Los Ángeles, donde un tercio de la población es inmigrante, se ha vivido un clima de desesperación y persecución desde el pasado mes de junio, debido a las redadas intensificadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar personas con estatus migratorio irregular.

Según un informe de ICE, analizado por la agencia AFP, múltiples escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavaderos de autos y paradas de autobús. Como resultado de estos extensos operativos, más de 2.200 personas fueron arrestadas en junio. Del total de detenidos, el 60 % no tenía antecedentes penales.

Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos, relata que la ofensiva antiinmigrante del presidente Donald Trump está afectando a miles de trabajadores colombianos y latinoamericanos, quienes se encuentran entre las principales víctimas de su política migratoria.

“Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de quienes permanecen libres”, menciona Andrea, ciudadana de Estados Unidos. “La preocupación es que la gente termine en la calle” termina diciendo.